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Desafíos y oportunidades para los agricultores en el entorno actual
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El consejo de ministros aprobó el pasado martes un plan transitorio hasta que entre en vigor la nueva Política Agraria Común, en 2023.
Unos 680.000 productores podrán presentar, a partir de este lunes, 1 de febrero, y hasta el próximo 30 de abril, la solicitud única de ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) para la campaña 2021. El importe total de las ayudas asciende a 4.860 millones de euros, que se podrán abonar en forma de anticipos a partir del 16 de octubre y el saldo, a partir del 1 de diciembre.
En la solicitud de ayuda se podrán incluir las mismas ayudas directas que en la campaña previa (régimen de pago básico, pago verde, pago complementario a los jóvenes agricultores, régimen de pequeños agricultores y ayudas acopladas a la producción agrícola y ganadera), así como las ayudas de las medidas de desarrollo rural de las comunidades autónomas que se pagan por superficie o por cabeza de ganado. Al igual que en el año 2020 se fomentará la presentación telemática de las solicitudes para hacer frente a las restricciones de movimiento existentes en cada territorio para frenar la pandemia.
El Ministerio de Agricultura que lidera Luis Planas ha señalado que con el real decreto aprobado en Consejo de Ministros el pasado martes se asegura un «marco estable» para los agricultores y ganaderos españoles, para que sigan recibiendo sus ayudas de la PAC durante 2021 y 2022, sin cambiar las condiciones de admisibilidad de las mismas respecto al periodo 2014-2020. Ello, porque la nueva PAC no entrará en vigor hasta el 1 de enero del año 2023.
Para facilitar la cumplimentación de la solicitud única y teniendo en cuenta que todos los solicitantes deben presentar la denominada declaración gráfica, de acuerdo con el Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas, el ministerio ha puesto la información necesaria a disposición de los solicitantes a través de su web -www.mapa.es- o de las comunidades autónomas.
Fuente: Las Provincias.
Valencia. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) y la Asociación de Productores de Aguacate (Asoproa) denunciaron ayer una «ola de robos» en las comarcas valencianas, que se repiten en otras comunidades productoras como Andalucía, y advirtieron de que muchos de los aguacates sustraídos de los huertos se venden en los mercadillos y fruterías locales «sin la debida trazabilidad y sin haber llegado aún a su estado óptimo de maduración», porque son de una variedad más tardía, ‘Lamb Hass’, la mayoritaria en la Comunitat Valenciana.
El presidente de AVA, Cristóbal Aguado, lamentó que los robos «están perjudicando por partida doble a los productores valencianos». Por un lado, según detalla, «les dejan sin la cosecha de todo un año y ponen en peligro la continuidad de la explotación tras haber acometido una enorme inversión».
Por otro, subraya que los ladrones, «por puro desconocimiento, sustraen aguacates de la variedad ‘Lamb Hass’ con buen tamaño y un color similar al ‘Hass’ pero que, al no madurar hasta dentro de varios meses, presentan un sabor a corcho o madera, lo que defrauda las expectativas de los consumidores y puede acabar retrayendo la demanda cuando llegue el grueso de la producción valenciana».
Por su parte, el presidente de Asoproa, Celestino Recatalá, recomienda a los agricultores que «presenten denuncias aunque crean que no sirven de nada, porque los equipos ROCA de la Guardia Civil nos dicen que acumulan más detecciones de lotes de aguacates robados en mercados locales que denuncias interpuestas por los productores».
«Si denunciamos, tendrán más información para tratar de atajar esta lacra», pidió al tiempo que solicitó a la Delegación del Gobierno y a los ayuntamientos que «pongan más medios» en caminos rurales y puntos de venta para evitar los robos.
Las organizaciones agrarias culpan al acuerdo comercial entre la UE y Sudáfrica de la caída de los precios.
La campaña citrícola está siendo amarga para los productores españoles. Los precios en origen de las naranjas y las mandarinas se han hundido y las protestas de los agricultores se extienden por los municipios de la Comunidad Valenciana, donde se concentra el 70% de la producción española. La crisis es el resultado de una conjunción de factores, entre los que el sector destaca el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Sudáfrica. El Gobierno se ha comprometido a aprobar medidas para paliar los efectos de la crisis.
“La situación es grave. Hay una parte de la cosecha que se está vendiendo barata, pero hay otra que ni siquiera se va a coger de los árboles porque no sale rentable. Para muchos está siendo una campaña dramática”, afirma Ricardo Bayo, secretario de organización de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de la Comunidad Valenciana, el sindicato agrario que ostenta la presidencia de Intercitrus, la entidad que agrupa a la mayoría de productores, empresas de comercialización e industriales del sector.
Un kilo de naranjas se paga en el campo a unos 11 céntimos de euros, afirma Bayo. Y en los supermercados puede encontrarse desde 75 céntimos el kilo. La Asociación Valenciana de Agricultores-ASAJA estimó a finales de noviembre que las pérdidas de los productores ascendían a 163 millones de euros.
A la crisis han contribuido varios elementos. Una campaña abundante, que rondará los 7,5 millones de toneladas. Los dos temporales que azotaron el Mediterráneo en octubre y noviembre, impidiendo que parte de la cosecha alcanzara el calibre que exige el mercado europeo, principal destino de los cítricos españoles. Y un otoño más templado de lo habitual en el centro y el norte del continente, donde la demanda crece con el frío.
En ese contexto, destacan las organizaciones agrarias, ha resultado muy negativa la aplicación del acuerdo comercial de la UE con Sudáfrica, que entró en vigor en 2016 y permite la importación de cítricos de este país hasta el 30 de noviembre con unos aranceles que en 2018 han sido del 11,6% e irán reduciéndose hasta desaparecer en 2026.
Campañas solapadas
La campaña del hemisferio sur, en principio, complementa a la española. Pero en la práctica las variedades tardías de naranjas y mandarinas sudafricanas se solapan con las primeras de la temporada española, que se extiende de finales de septiembre a mayo.
La consejera de Agricultura de la Generalitat valenciana, Elena Cebrián, ha pedido al Gobierno que inste a la Comisión Europea a activar la salvaguardia prevista en el acuerdo internacional, que implicaría un aumento de los aranceles.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha respondido sin embargo que no se dan las circunstancias para activar la cláusula contemplada en el artículo 34 del Acuerdo de Asociación Económica de la Unión Europea con la Comunidad de Estados de África del Sur. Para ello es necesario que se haya producido un fuerte aumento en la importación de un producto en condiciones tales que amenacen con causar un grave perjuicio a un sector económico del bloque receptor. Según aseguró Calviño la semana pasada en el Congreso al ser interpelada por el diputado de Compromís Joan Baldoví —que llevó una naranja al Hemiciclo que aseguró que había comprado en Madrid el día anterior y era de origen sudafricano—, el volumen de naranjas importadas de Sudáfrica se mantiene “en niveles muy similares a los años anteriores al acuerdo”.
El Ministerio de Agricultura sí se ha comprometido, para tratar de evitar la “difícil” situación del sector en esta campaña, a retirar del mercado 50.000 toneladas de naranjas y mandarinas, con el fin de elevar los precios, una posibilidad prevista en la legislación comunitaria. La fruta se destinará a entidades caritativas y a la producción de zumo, que será distribuido gratuitamente a través de los bancos de alimentos. Los importes de la ayuda a los productores para la financiación de estas retiradas pueden superar los 12,5 millones de euros.
El Gobierno también ha aceptado estudiar la concesión de ayudas fiscales a los agricultores a través de rebajas en los módulos del IRPF y exenciones del IBI.
La plaga está sin control, el parasitoide que iba a repartir la Generalitat brilla por su ausencia y los exportadores ofrecen sus insectarios para poder criarlo de forma masiva.
El grave problema del ‘cotonet’ de Sudáfrica ha comenzado a estallar en el último eslabón de la cadena: en el ámbito comercial, con lo que empieza a cobrar envergadura económica.
La plaga está descontrolada desde que se prohibieron los insecticidas eficaces y se evidenció que los que quedan no lo son. Desde la primavera, el mal ya está hecho para esta campaña, las pequeñas naranjas y mandarinas que fueron atacadas entonces ya quedaron deformadas; lo que ocurre es que faltaba que crecieran más para hacerse bien visible su deformidad anticomercial.
Andalucía encargará a una firma privada que multiplique y reparta los insectos beneficiosos para contener a la cochinilla
Prepararse para la siguiente
El Comité de Gestión de los exportadores de Cítricos, que agrupa a la mayor parte del comercio privado del sector, asumió ayer que el ‘cotonet’ de Sudáfrica está sin control y que «los daños en la próxima campaña serán muy graves», tanto en el campo como en los almacenes de confección, por lo que es previsible que se registran altos porcentajes de destríos en las tareas de selección y empaquetado. Pero sobre todo se teme lo que pueda suceder en la siguiente temporada, por lo que urge prepararse.
Algunas cooperativas están comunicando a los socios el porcentaje de daños de sus huertos, para que sean conscientes de ello cuando toque recolectar la cosecha y, sobre todo, cobrar la liquidación.
Siendo muy grave la situación actual, el Comité de Gestión advierte de cómo se puede generalizar el desastre en la siguiente temporada si sigue sin hacerse nada. Porque en ausencia de insecticidas efectivos, reconoce que la única opción es la lucha biológica, pero los insectarios de la Generalitat «no están en condiciones de criar y multiplicar los enemigos naturales de esta plaga para proceder a su suelta masiva», tal como anunció reiteradamente la Conselleria de Agricultura. La realidad es que apenas se ha multiplicado el parasitoide ‘Anagyrus’ que se trajo de Sudáfrica, ni se sabe cuándo se hará. Por ello, el propio Comité de Gestión ofrece a la conselleria los insectarios de sus propios socios exportadores para realizar la necesaria multiplicación de ‘Anagyrus’ y ‘Criptolaemus’.
La Junta de Andalucía negocia con una firma privada para encargarle que multiplique y reparta ambos insectos beneficiosos e intentar frenar allí la cochinilla.
La Unión Europea explica que el objetivo es evitar plagas y AVA denuncia que la decisión no tiene sentido debido a que la campaña ha finalizado.
Valencia. De nuevo, el campo valenciano vuelve a estallar contra Bruselas. En esta ocasión lo hace a cuenta del veto aprobado por la Unión Europea a las exportaciones de cítricos -limones y naranjas- procedentes de Argentina para, según indica la institución, evitar la propagación de plagas. Sin embargo, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) considera un «paripé» esta decisión cuando la campaña ya ha finalizado, por lo que no tendrá ninguna eficacia práctica a nivel comercial y sanitario.
«Bruselas vuelve a tomarnos el pelo, como ya ha hecho varias veces con Sudáfrica y otros países productores del hemisferio sur, al cerrar los ojos ante la entrada sistemática de cítricos infestados de devastadoras plagas y enfermedades que aún no están presentes en la citricultura europea y únicamente mover ficha cuando el daño ya está hecho y no puede perjudicar a los importadores», denuncia el presidente de organización agraria, Cristóbal Aguado.
La medida de prohibir temporalmente, hasta el 30 de abril de 2021, los cítricos de Argentina llega tras contabilizarse un número récord de detecciones de plagas y enfermedades: un total de 117 interceptaciones en 2020 frente a los 21 de 2019. La mancha negra de los cítricos es la que acumula más casos, una plaga de cuarentena que, de entrar y propagarse en la citricultura europea, ocasionaría pérdidas millonarias a los agricultores, según indican desde la asociación.
Por ello, AVA-ASAJA reclama a las administraciones autonómica, nacional y europea que tomen «medidas más allá de la estética» en materia de sanidad vegetal, como el establecimiento de inspecciones en origen «tal como imponen otros países a los productos agrarios europeos», según señalan las mismas fuentes.
Además, también piden la obligatoriedad de mantener un tratamiento en frío durante el transporte para prevenir determinadas organismos nocivos como la falsa polilla en cítricos; y la unificación de criterios en los controles de los puertos de entrada de todos los cargamentos de cítricos foráneos a fin de lograr la máxima especialización en las inspecciones.
Esta situación se suma a tantas otras que están golpeando con fuerza al campo español y valenciano. Precisamente, EE UU decidió el viernes mantener los aranceles a los cítricos, por lo que AVA considera que se perderá también la próxima campaña.
Fuente:Las provincias
Agricultores y ganaderos tildan de «desastre» el recorte de 600 millones ya desde este año para España de los fondos de PAC y anuncian que retomarán las movilizaciones.
Se aplauden entre ellos, se felicitan, se hacen fotos, pero nadie mira las consecuencias del acuerdo para los agricultores y ganaderos, que son un auténtico desastre». Éste es el sentir generalizado del campo español tras conocerse los detalles del acuerdo alcanzado esta pasada madrugada entre los líderes europeos en Bruselas y que supone un recorte «con todas las letras» para el sector agrario, y en concreto para los fondos de la Política Agraria Común (PAC).
Así, aunque el nuevo periodo de la PAC no entre oficialmente en vigor hasta enero de 2023, las ayudas directas ya se reducirán este año un 9,6%, lo que representará cerca de 600 millones de euros anuales menos para España. En concreto, el presupuesto de la Unión Europea para los próximos siete años recorta de forma global un 10% los fondos agrícolas en comparación con el marco financiero comunitario previo, limitándose a un presupuesto de 343.950 millones de euros cuando antes ascendían a 382.855 millones.
De este montante, y como ayudas directas del primer pilar, estaban previstos 286.144 millones y se quedan en 258.600 millones (-9,6), aunque refuerza un 2,7% la dotación de los fondos de cohesión, hasta los 377.000 millones. El presupuesto para Desarrollo Rural -el segundo pilar- pasa de 96.712 millones de euros a 85.350 millones, con un descenso del 11,74%.
Con estos datos, la «indignación» ha regresado a las organizaciones agrarias, temerosas en los días previos de que «los grandes perjudicados» iban a ser una vez más los agricultores y ganaderos. Pero nunca se pesó que el tijeretazo fuera de estas dimensiones desproporcionadas: «No es comprensible ningún tipo de recortes en los presupuestos, y menos en estos momentos», señala Lorenzo Ramos, secretario general de UPA: «Si somos imprescindibles y necesarios [durante la pandemia], ¿Cómo es posible entonces que se nos se planteen recortes en los presupuestos?». Este dirigente agrario apela ahora que «a nivel nacional se lleve a cabo una política de reparto de los fondos de una manera más lineal y más justa para que favorezca a los agricultores y ganaderos que de verdad lo necesiten, no a las producciones superintensivas» por lo que aboga a que «no se recorte por igual» a todos los productores.
Desde Asaja la valoración de las negociaciones que ha realizado Pedro Sánchez para defender al sector agrario nacional es muy crítica: «Ha sido un desastre y va a representar un golpe definitivo al campo español», se lamenta Ángel García Blanco, presidente de esta organización en Extremadura, que tacha de «incompetente» al presidente del Gobierno. «Ha vuelto a demostrar que nunca le ha importado el mundo rural ni, por supuesto, los agricultores y ganaderos españoles que, entre otras cosas, han dado la cara durante la pandemia, ayudando a la desinfección de la población rural con sus tractores, en unas poblaciones de la que nadie se preocupaba porque no llegaban los medios, y además hemos en todo momento, y a pesar de las dificultades, la existencia de productos en los supermercados».
LAS MOVILIZACIONES SE RECUPERAN
García Blanco recuerda que el sector agrario paralizó las movilizaciones que surgieron a finales de enero en toda España, donde se reivindicaban unos precios más justos para el sector y no una venta a pérdidas, como ocurre en la mayoría de los casos en la actualidad.
«¿Se imaginan que hubiera una crisis no por pandemia sino por falta de alimentos?», se cuestiona García Blanco, quien recuerda que el sector ya viene lastrado también por los nuevos aranceles que amenaza por imponer el Departamento de Comercios de Estados Unidos -a instancia de Donald Trump-, por los problemas que suscita el Brexit o los recientes acuerdos «negativos» con Mercosur, sobre todo para el mercado del azúcar o del ganado.
Así, el representante de Asaja asegura que el sector «volverá con más fuerza que nunca a la calle, a las carreteras, para preparar un ‘otoño caliente’ si la pandemia nos lo permite porque ahora casi ni nos dejan sacar cuatro tractores a la calle».
En este sentido, esta misma mañana se ha producido una concentración de agricultores en el Puerto de Algeciras (Cádiz), convocada por todas las organizaciones agrarias, denunciando que «es inadmisible que nuestras fronteras sean un coladero de productos que incumplen las normas y acuerdos europeos» y añade que «la Unión Europea no puede seguir permitiendo la entrada de productos alimentarios de terceros países sin tener en cuenta los principios comunitarios de preferencia y reciprocidad».
Fuente: El Mundo
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