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La ‘Xylella fastidiosa’ amenaza el 95% de la producción de aceite de oliva en Europa.

Una de las bacterias de las plantas más peligrosas del mundo, que se cierne sobre los olivares del sur de Europa, amenaza el 95% de la producción de aceite de oliva continental, según un modelo que simula la propagación de la enfermedad desarrollado por el Instituto de Protección Sostenible de las Plantas de Italia.

La investigación, publicada en la edición del 13 de abril de la revista ‘PNAS’, desarrolla un modelo bioeconómico para calcular el posible impacto económico futuro de la cepa Xfp de esta bacteria, denominada ‘Xylella fastidiosa’.

La incertidumbre sobre la propagación se explica simulando diferentes escenarios. Se encontró que la mayoría de los olivares se encuentran dentro de un territorio climáticamente adecuado. Incluso con una propagación lenta de la enfermedad y la capacidad de replantar con olivos resistentes, las proyecciones de impacto económico futuro en los países afectados (Italia, Grecia y España) ascienden a miles de millones de euros. Los hallazgos resaltan la importancia de minimizar la propagación de la enfermedad e implementar medidas de adaptación en las áreas afectadas, según el estudio.

En 2013 se detectó por primera vez una cepa de la bacteria en el territorio europeo (Italia), causando el Síndrome del Declive Rápido del Olivo. Por ello, se promulgaron medidas regulatorias en respuesta a la detección de esta cepa en aceitunas italianas en 2013, pero el impacto actual es importante. En España, la bacteria apareció en 2016 en Baleares y poco después se extendió después desde Alicante y Almería.

Los investigadores simularon en el presente estudio la propagación futura de la enfermedad en base a modelos de idoneidad climática y expansión radial del territorio invadido. Se desarrolló un modelo económico para calcular el impacto basado en las ganancias y pérdidas perdidas en la inversión descontadas.

El modelo proyecta impacto para Italia, Grecia y España, ya que estos países representan alrededor del 95% de la producción europea de aceite de oliva. El modelo de idoneidad climática indica que, según el umbral de idoneidad, 95,5 a 98,9%, 99,2 a 99,8%, y 84,6 a 99,1% de las áreas nacionales de producción caen en territorio adecuado en Italia, Grecia y España, respectivamente.

Para Italia, a través de las tasas consideradas de expansión del rango radial, el impacto económico potencial durante 50 años oscila entre 1.900 millones y 5.200 millones de euros para el peor escenario económico, en el que la producción cesa después de la muerte de los olivos. Si es posible replantar con variedades resistentes, el impacto oscila entre 600 millones y 1.600 millones de euros. Dependiendo de si la replantación es factible, se pueden ahorrar entre 500 millones y 1.300 millones de euros en el transcurso de 50 años si la propagación de la enfermedad se reduce de 5,18 a 1,1 kilómetros por año.

Fuente: Las Provincias

El Gobierno amplía el plazo para solicitarlas quince días.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca no ha querido esperar más y ha dado carta de naturaleza a la primera medida de alivio anunciada desde Bruselas para agricultores y ganaderos. En concreto, este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la prórroga del plazo de petición única para los pagos directos de la Política Agraria Común (PAC) hacia el 15 de mayo, cuando inicialmente estaba previsto que se tramitara entre el 1 de febrero y el 30 de abril.

Esta semana, en una nota informativa, Luis Planas celebraba que la Comisión Europea decidiera atrasar hasta el 15 de junio el tiempo para solicitar estas ayudas de la PAC, a petición de España, y anunciaba la intención de favorecer la presentación telemática de solicitudes en coordinación con las comunidades autónomas durante el estado de alarma.

De igual modo, Agricultura asegura que se procederá a revisar la aplicación de la PAC en España para «facilitar» el cumplimiento de los compromisos de todos los beneficiarios afectados por la situación actual, para lo que solicitará más cambios normativos a Bruselas. En cualquier caso, el estado de alarma deja en suspenso cualquier trámite administrativo, salvo voluntad expresa del interesado, y esto incluiría también a la PAC o las ayudas a la pesca.

Esta medida, en un sector considerado estratégico, también fue el tema de conversación de la videoconferencia de Planas con los consejeros de las comunidades autónomas del jueves. Una reclamación solicitada por consejeros como el de Castilla- La Mancha, Francisco Martínez, quien también pedía «flexibilizar» los tiempos de otras ayudas como la modificación de las pólizas de los seguros agrarios para cultivos herbáceos de secano o las uvas. Además de ampliar los plazos para los apoyos al sector vinícola y, especialmente, los de la reestructuración del viñedo para «que se puedan utilizar las condiciones administrativas o los derechos de plantación en el 2021»

Fuente: ABC

Se deben seguir las recomendaciones del Gobierno y en el caso del desplazamiento se debe limitar el aforo al 50% de la capacidad del vehículo.

El uso de pesticidas prohibidos en Europa en productos que se importan y los menores costes laborales rebajan los precios de los productos agrícolas.

La competencia desleal de los países de fuera de la Unión Europea que importan sus productos a España lastra aún más al campo, cuya situación cobra cada día mayor dramatismo. Los agricultores toman estos días las calles y carreteras de todo el país para pedir, entre otras cosas, que los precios en origen de los productos agroalimentarios suban, una mejor redistribución de la ley de la cadena alimentaria y la prohibición de la venta a pérdidas. Mientras muchos miran hacia los supermercados y los consideran como los grandes culpables de la situación, el campo también clama por la desigualdad a la hora de competir con productores extracomunitarios, cuyos menores costes de producción y la libertad para usar pesticidas prohibidos en Europa provocan una mayor producción y, por tanto, una rebaja de los precios en algunas frutas y hortalizas determinadas.

Por poner en contexto, España es uno de los mayores productores agroalimentarios y gran parte lo exporta a otros países, principalmente Europa. Según los datos de la Federación Española de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas en 2019 se logró exportar un total de 13,5 millones de toneladas, un 8% más. Pero pese a este incremento, las malas noticias vienen por el precio medio de exportación, que cayó un 2%, debido precisamente a la fuerte competencia por los precios bajos del exterior.

Ocurre, por ejemplo, con los tomates, cuya competencia de Marruecos está haciendo mucho daño al sector. El año pasado la producción de esta hortaliza alcanzó los 5,2 millones de toneladas, según lo adelantado por Agricultura, un 9,4% más. Sin embargo, las exportaciones cayeron un 5,5%, debido al fuerte incremento de producción del país marroquí. A esto se le une que, a falta de conocer los datos definitivos, las importaciones de tomates el año pasado iban directas a registrar récords históricos.

Esta entrada de mayor número de tomates del exterior empuja los precios hacia abajo. La razón, según explica a ABC Andrés Góngora, el secretario provincial de COAG en Almería, la zona más competitiva de Europa en la producción de tomates, es que «un trabajador mío gana en un día lo que un marroquí gana en diez. El mío trabaja ocho horas con cotización mientras que el de Marruecos trabaja de sol a sol y sin cotizar». Estos menores costes laborales permiten rebajar el precio de entrada de esta hortaliza. «El coste de producción en Almería del tomate en rama es de sesenta céntimos el kilo. Deberíamos vender por más. Sin embargo, Marruecos esta semana está metiendo muchos tomates porque han tenido buenas temperaturas y los precios se han ido a treinta céntimos. Estamos vendiendo perdiendo dinero», comenta Góngora.

A ello se le suma los posibles descontroles audaneros, según denuncian las organizaciones agrarias. Estas, explican, que las competencias aduaneras en la UE están transferidas a cada país miembro, por lo que «no existe un control exhaustivo», relata el responsable técnico de Asaja José Ugarrio. «Cuando pasan los cupos de importación por las aduanas, nosotros pedimos diferenciar al tomate cherry, más caro, que el de ensalada. Sin embargo, ellos cuando hacen el cupo no hacen distinciones entre uno y otro. Es un coladero», añade.

Un descontrol parecido en las aduanas ocurrió también con las naranjas. Nuestro país, que produjo en 2019 un total de 3,9 millones de toneladas de esta fruta, sufre la competencia de Sudáfrica por un tratado de libre comercio que firmó la UE con este país y otros cinco de África. Explica Ugarrio que el año pasado con las naranjas que procedían de Sudáfrica «hubo muchas interceptaciones porque venían afectadas por plagas. Se supone que cuando hay un número de interceptaciones hay que parar la importaciones, pero siguieron entrando».

Productores fitosanitarios

Otra de las grandes trabas para el campo viene derivado por los productos fitosanitarios, como los pesticidas. En Europa existe una directiva que prohíbe el uso en terreno comunitario de más de un centenar de sustancias que son consideradas perjudiciales para el medioambiente y nocivas para la salud y las personas. Pero este uso no se extiende a los países extracomunitarios, que al final logran importar frutas y hortalizas con estas sustancias. «Todas las materias activas que se prohíben, que son la mayoría, son las más eficaces y fuera las utilizan indiscriminadamente, por lo que ahí tienen un ahorro del coste», denuncia Ugarrio. Una maniobra que les permite tener mejores rendimientos de producción y por tanto presionar los precios a la baja.

Así, mientras fuera de la UE hay carta blanca, la producción en los países comunitarios se controla estrictamente. Esta situación crispa a los productores, que piden reglas justas. «No puede ser que se exijan unas normas a los españoles, para apostar por la calidad. Pero cuando ves que fuera se produce de cualquier manera y no se producen estos controles, causa indignación», apuntan desde UPA, que piden que en los acuerdos se beneficien las dos partes y no solo una.

El uso de los pesticidas ha hecho daño al sector de los cítricos, con las referidas naranjas de Sudáfrica como punta de lanza. Las producciones de plátano en Canarias también sufren este fenómeno y sobre ello se ha quejó esta semana la presidenta de Asaga, Ángela Delgado. «Las normativas europeas nos encorsetan en normas de trabajo más respetuosas con el medio ambiente, pero la competencia de terceros países juega con otras normas», espetó la dirigente de la organización agraria canaria.

Con todo, los agricultores reclaman mucho más control en el sistema de libre mercado y con los productos que se importan. «Si vienen producciones de países terceros tiene que explicarse bien cómo se han producido», sentencia Ugarrio.

El sector agrario valenciano ha salido a la calle con tractores para denunciar su «situación límite e insostenible.

Cuando el centro de Valencia ha comenzado a activarse este viernes, lo ha hecho ya colapsado. El sector agrario valenciano ha aparcado sus diferencias y ha salido finalmente a la calle con un mismo propósito: denunciar la «situación límite e insostenible» de los agricultores. Y basta un cartel de los que se paseaban por la protesta para entender la queja de todo un colectivo, compartida en toda España. «Del campo no se puede vivir, pero del agricultor sí».

¿Y qué significa esto? «Que no puede ser que del campo vivan todos menos el agricultor», explica Paco Sargues, uno de los miles de manifestantes que han acudido a la tractorada convocada este viernes por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), Asaja Alicante-Jóvenes Agricultores, la Federación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Castellón (Fepac-Asaja), La Unió de Llauradors i Ramaders y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos del País Valencià (UPA-PV). «Es una vergüenza que un sector tan básico para un país como el sector primario esté abandonado durante tantos años, con los políticos pasándose la pelota de unos a otros», resume.

«A nosotros los agricultores nos tienen abandonados. Yo tengo 50 años, y cómo le voy a decir a mi hijo que venga conmigo a la huerta si no tenemos futuro», lamenta este productor de caqui que, como todos, mira más allá de los gobiernos autonómico y central. «La Unión Europea está permitiendo tratados con terceros países que traen género aquí en peores condiciones y de menos calidad».

La queja la comparte también Enri López, trabajadora de la Cooperativa Agrícola de Alginet: «Europa ha hecho políticas de libre comercio con terceros países que ahogan a los agricultores». Es decir, que el campo valenciano no tiene margen para competir con el producto importado de países de fuera de la Unión Europea, con mano de obra más barata y «productos más económicos que nosotros tenemos prohibido utilizar». De hecho, es lo que han denunciado las organizaciones agrarias que ocurre con Sudáfrica, donde se emplean productos fitosanitarios vetados en la Unión Europea.

El otro problema son los precios mínimos. Suni Soler, trabajadora en la empresa Cohoca de Benifaió, la menta: «Al agricultor le cuesta mucho la cosecha pero al final no cobra nada. Cobran todos pero cuando le toca a él, si sobra algo cobra y si no, nada». El drama, insiste, se ve en cualquier supermercado: si el agricultor percibe entre 8 y 10 céntimos por un kilo de naranjas, la malla que se compra en tienda cuesta ya tres euros.

De ahí que, como subraya el secretario general de La Unió, Carles Peris, «los políticos deben actuar ya y dejarse de tener solo buena voluntad». Las asociaciones reclaman dos «medidas urgentes». La primera tiene que ver con «mejorar la ley de la cadena alimentaria», para que el agricultor no tenga que producir a pérdidas. Según Peris, «a pesar de crecer en exportaciones y representar el 20% del valor de las exportaciones, el agricultor no recibe nada».

La segunda medida apunta a los despachos europeos. El campo reclama una «ordenación de los acuerdos internacionales que tanto penalizan a los agricultores» del Viejo Continente. «No es razonable que cuando no somos deficitarios de un producto se esté importando de fuera, pues penaliza a la agricultura y al medio ambiente», señala Peris.

Las organizaciones advierten: «Lo que no conseguimos en los despachos lo conseguiremos en la calle». «Nos jugamos mucho. Estamos cansados de palabras y queremos compromisos ya», explicaba el máximo dirigente de AVA, Cristóbal Aguado. La paradoja es que en la manifestación han participado cargos públicos del PSPV, PP, Compromís, Ciudadanos y Unides Podem.

Fuente:El Mundo