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Si algo positivo ha expuesto el Covid 19 en la sociedad española es, sin duda, la solidaridad. Una virtud que ha impregnado todos los sectores pero que, superada la emergencia sanitaria, se hace vital en el sector socioeconómico. En Andalucía se ha magnificado en una economía, la cooperativa, que ya ocupaba un papel fundamental en el producto interior bruto de la región.

Son 5.341 empresas y más de 81.700 trabajadores los que conforman el sistema cooperativo autonómico, esto supone un 10% del PIB andaluz. Si se compara con el resto de España, uno de cada cinco trabajadores de economía social, hay 357.927 según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, lo hace en la región.

Esta economía social, que apuesta por el trabajo en común, ha jugado un papel fundamental durante el estado de alarma en el abastecimiento agroalimentario y en servicios de asistencia social, la columna vertebral del sostenimiento de los sectores para la vida diaria. En ese periodo, se han creado 62 nuevas cooperativas de las 162 de todo 2020.

Andalucía está trabajando en la elaboración de nuevas ayudas directas dirigidas a cooperativas y sociedades laborales que incidan en profundizar en el acceso a la asistencia técnica y que les permita mejorar y consolidar sus estructuras de organización y gestión.

Se hace por medio de incentivos para gastos de funcionamiento, organización y gestión para los que se destinan 1,6 millones de euros anuales. También se busca una flexibilización del Fondo de Formación y Sostenibilidad así como la elaboración de nuevas ayudas que fomenten la ampliación, crecimiento y modernización de los proyectos colaborativos.

CUANTITATIVO Y CUALITATIVO

Las cooperativas agroalimentarias andaluzas facturaron en 2018 más de 9.400 millones de euros. Sus principales productos agroalimentarios vendidos en el mercado internacional son hortalizas, frutas y aceite de oliva siendo Europa el principal destinatario aunque crecen las exportaciones a China y Estados Unidos.

Las exportaciones agroalimentarias aportan más de 1.000 millones al mes a la economía andaluza (no todas las exportadoras son cooperativas) 14 de las 20 cooperativas españolas que más exportan son andaluzas.

Y no solo hay que considerar el aspecto cuantitativo, sino también el cualitativo al hablar de economía social y empleo. Las empresas de economía social en Andalucía tienen niveles de empleo más elevados que la media, siendo este empleo más igualitario entre hombres y mujeres, con mayor presencia de jóvenes, más estable y con mayor orientación al sector industrial.

SOLIDARIDAD SOCIAL

Pero el estado de alarma no sólo ha servido para evidenciar la fortaleza de un sector clave en la economía andaluza, también su función social. En este periodo, se ha producido un aumento considerable de la labor solidaria de las cooperativas. Algunas de sus actividades han sido esenciales para seguir generando empleo.

Grandes grupos cooperativos han hecho importantes donaciones de productos agroalimentarios y de material durante el confinamiento. El sector de la economía social ha sido, por lo tanto, fundamental para el conjunto de la sociedad en el sector agroalimentario y en la asistencia social de las personas más vulnerables.

El sector de los frutos rojos merece una mención especial por el desarrollo de la campaña durante el estado de alarma. Con alrededor de 125.000 trabajadores movilizados, las cooperativas del sector fueron un elemento esencial para el mantenimiento del empleo, y alcanzó un nuevo récord en exportaciones, con 475 millones de euros vendidos en el primer trimestre de 2020, su máximo histórico para los tres primeros meses de un año desde que existen registros homologables.

Fuente: El mundo

La Conselleria de Agricultura confirma que proviene de terceros países y rechaza la «permisividad europea» en materia comercial y de controles

La plaga causa graves pérdidas en todas las zonas citrícolas por la falta de plaguicidas eficaces y la ausencia del depredador anunciado.

Como se viene temiendo desde hace meses, un importante desastre está en ciernes en la citricultura valenciana. La plaga del ‘cotonet de Sudáfrica’ se ha extendido por todas las zonas productoras y los citricultores no cuentan con medios de lucha para combatirla. El Ministerio de Agricultura consintió que se cumpliera la eliminación de los insecticidas que eran eficaces (clorpirifos y metil clorpirifos) sin pedir a la UE la prórroga que podía, como lo ha hecho, y logrado, Italia. La Conselleria de Agricultura tampoco batalló por el asunto como era su obligación, confiada en que bastaría con poner en liza medios de lucha biológica, Sin embargo, las trampas con feromonas tardarán años en ser de uso común y con una eficacia generalizada, y el parasitoide prometido, que se ha traído de Sudáfrica, el ‘Anagyrus aberiae’, apenas ha salido de la fase de experimentación. Se cría con éxito y funciona eficazmente en las pruebas realizadas en laboratorio y en campos de la Vall d’Uixó, pero el propio Ministerio de Agricultura está frenando las sueltas masivas de este enemigo natural, con el argumento de que hay que velar por el equilibrio de la biodiversidad.

La indignación es generalizada en el sector citrícola, porque los agricultores, conforme comprueban el alcance de los daños que tienen en sus huertos, van adquiriendo conciencia de la envergadura del problema y de la ausencia de remedios. El ‘cotonet’ sudafricano está esparciéndose por todas partes, e infinidad de citricultores descubren cada día que tienen altos porcentajes de su cosecha estropeada, nada más cuajar las pequeñas naranjas o mandarinas. Por todos lados se muestran los frutos deformes por la acción del insecto. Frutos que ya no tendrán valor comercial; seguramente los compradores rehuirán los campos donde vean presencia de fruta con estos efectos, por si acaso resultan demasiados destríos al adquirir la cosecha.

El problema se hace aún mayor cuando los afectados preguntan en las cooperativas y almacenes de fitosanitarios y se encuentran con la desagradable sorpresa de que no hay insecticidas que eliminen el parásito. Los que funcionaban ya no se pueden emplear. En Italia sí. En países de fuera de la UE también. En España no. Y los que ha venido recomendando la Conselleria de Agricultura se ha demostrado que no resultan frente a esta plaga y encima eliminan depredadores de otras, que entonces de multiplican. Un desastre en toda regla y con múltiples vertientes.

Como la propaganda oficial se ha ocupado de difundir que todo quedaría solucionado con el empleo de medios de lucha biológicos, los agricultores preguntan por lo que hay de verdad en ello, cueste lo que cueste, con tal de salvar la cosecha y de no verse en la impotencia de regar y abonar lo que se sabe de antemano que no va a poder venderse. Pero entonces se encuentran con la segunda parte de las sorpresas desagradables: todo está en pruebas, pasará tiempo antes de que haya algo de verdad. Las cosas de palacio van despacio.

El enfado es tremendo en el sector y se suceden los exabruptos por lo que ocurre en todo esto del nuevo ‘cotonet’. La gente afectada no quiere ni oír hablar de Sudáfrica, de donde vino la plaga, donde sí que pueden combatirla con los productos que aquí se prohiben. Y luego, su naranja tratada con lo prohibido aquí se vende y consume en Europa como si tal cosa. Demasiado larga la cadena de agravios

Las organizaciones agrarias empiezan a pedir responsabilidades en altas esferas de la Administración. No se libra ningún estamento, ni en el plano estatal ni en el autonómico, ni en lo político ni en los escalones técnicos que se han ‘lucido’ con recomendaciones aventuradas y silencios cómplices. Pero hay una coincidencia general en culpar sobre todo al director general de Sanidad de la Producción Agraria del ministerio, Valentín Almansa, a quien señalan como gran responsable último de este desaguisado que, según AVA-Asaja, ya ha estropeado 380 millones de kilos de naranjas y mandarinas, por un importe no inferior a 113 millones de euros y exige compensaciones.

Por otro lado, la Federación Nacional de Asociaciones Independientes (FNAI) también reclama medidas oficiales para «paliar esta ruina» que se debe sin duda a la concatenación de malas decisiones de la Administración. FNAI engloba a agricultores de toda España escindidos de otras formaciones y en la Comunitat Valenciana tiene mucha presencia a través de las asociaciones agrarias locales de Nules, Vila-real, Vilavella, Moncofa y otras poblaciones de La Plana. Ha dirigido a la consellera Mireia Mollà un extenso informe de todo lo ocurrido en los últimos meses, de cómo se ha hecho caso omiso a los agricultores y del alcance del problema. Anuncian protestas, estudian hasta demandas y señalan sobre todo como máximo responsable al director general Valentín Almansa, por negarse a prorrogar los pesticidas y frenar la suelta del ‘Anagyrus’.

Fuente: Las Povincias

Londres fija el 0% de aduanas a las naranjas y mandarinas de Turquía, Marruecos, Sudáfrica e Israel mientras España depende de Bruselas y todos guardan silencio.

valenciA. El Reino Unido ha comunicado su decisión de aplicar un arancel del 16% a las clementinas y demás mandarinas de la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2021. En el caso de las naranjas, los derechos aduaneros anunciados por Londres serían del 3,2%.

Esta es una consecuencia directa del Brexit y la configuración anunciada por el Gobierno británico tendría una repercusión catastrófica para las exportaciones citrícolas de la Comunitat Valenciana. La medida se enmarca en las futuras relaciones comerciales entre la UE y el escindido Reino Unido pero en este caso concreto la gran perjudicada directa sería la citricultura valenciana.

España es el primer exportador mundial de cítricos en fresco, el Reino Unido es su cuarto país cliente, con unas 288.000 toneladas al año, y, de ellas, unas 200.000 son clementinas y satsumas, que se producen y exportan mayoritariamente desde la Comunitat Valenciana. Las ventas en el mercado británico de cítricos de otros países europeos son muy pequeñas, prácticamente irrelevantes en comparación con los volúmenes de España (más del 80% de la Comunitat Valenciana).

Tratos de favor

El Reino Unido compra cítricos a otros países de fuera de la UE, sobre todo a Sudáfrica, Marruecos, Israel, Egipto y Turquía, y además en cantidades crecientes en los últimos años, que se pueden ver espoleadas ahora por la sensible diferencia de trato comercial. Mientras Londres anuncia que aplicará unos aranceles aduaneros del 16% y del 3,2%, respectivamente, a las mandarinas y las naranjas de España, los países directamente competidores ya han firmado o están a punto de cerrar acuerdos preferenciales que en todos los casos concluyen con un 0% de tasas aduaneras.

El Comité de Gestión de Cítricos ha comunicado a sus asociados, empresas exportadoras, que el Reino Unido ha firmado acuerdos preferenciales con Sudáfrica, Israel, Marruecos y Turquía. En todos los casos, con el 0% de arancel. Con Egipto aún negocia, pero nadie duda igual resultado.

El Comité ha informado a sus miembros que el 16% y 3,2% de recargo aduanero se aplicaría a «aquellos países y territorios con los que no haya firmado (el Reino Unido) un acuerdo comercial preferencial», agregando que «a día de hoy, las negociaciones para el acuerdo sobre la relación futura entre la UE y el Reino Unido siguen su curso».

España debe apretar

La cuestión hace albergar serias dudas a los exportadores, porque no se sabe a ciencia cierta si todo depende por entero de la UE o convendría que el Gobierno de España se implicara más directamente en previsión de sobresaltos y disgustos de última hora, ya que somos el país que puede quedar más afectado, por lo que debería ‘apretar’ más a Bruselas, dada la importancia de nuestras exportaciones hortofrutícolas. Porque a los aranceles de los cítricos se sumarán los de todas las demás frutas y verduras que se venden al Reino Unido.

Fuentes exportadoras consultadas han mostrado su enorme preocupación por lo que pueda ocurrir, y que en cierta medida ya está pasando, porque diversas cadenas británicas de supermercados empiezan a pedir a sus proveedores valencianos que les pasen ofertas de precios para la próxima campaña citrícola. Sin embargo nadie es capaz de fijar nada en estos momentos, en medio de un mar de complicaciones.

Incertidumbre

La incertidumbre es total. Si los comerciantes tienen en cuenta los posibles aranceles anunciados, como salen precios más altos, los clientes se irán a comprar a otros países que ya parten de costes de producción inferiores y encima cuentan con arancel 0%. Si intentan ganar tiempo, en la esperanza de que pueda resolverse una negociación favorable, corren igual riesgo, que los otros no quieran esperar. Y si, para no perder ventas, se aventuran con un hipotético escenario final sin cambios y luego sale todo torcido, se podrían arruinar.

Para mayor complicación, Reino Unido anuncia severas inspecciones aduaneras y un fuerte incremento de los trámites burocráticos. Y enfrente, desde Valencia, Madrid y Bruselas, silencio y aparente conformidad.

Fuente: Las Provinncias

Los paseos regulados que se realizan por la huerta se traducen en robos de cosechas y destrozos en las plantaciones.

Si ocurriera algo similar en el centro de la ciudad, con destrozos en jardines y roturas de mobiliario urbano, se hablaría de vandalismo desde instancias oficiales. Como ocurre en campos de la huerta, apenas se presta atención al problema, se piensa que hay exageración y se minimizan las quejas de los agricultores.

Lo cierto es que los paseos regulados que se permiten desde hace días, como inicio del proceso de ‘desescalada’ en el estado de alarma, en muchos casos se están traduciendo, en los alrededores de algunos barrios periféricos de Valencia, en robos de hortalizas y daños en los campos de cultivo.

Algunos agricultores afectados, especialmente en zonas de la huerta al norte de la ciudad, recuerdan que desde el propio ayuntamiento se animó a que los paseos permitidos se realizasen por la huerta, para disfrutar del paisaje. El resultado, comprensible, fue que muchas personas y grupos familiares salieron en tropel a respirar aire puro por primera vez en dos meses, y algunos decidieron -de forma inaceptable- tomarse el campo como algo propio y dispuesto para solazamiento general, sin respetar las plantas ni las instalaciones ajenas.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha denunciando que se están registrando robos de hortalizas que quedan impunes. La vigilancia se centra más que nada en supervisar que se cumplan las normas que regulan estos paseos tasados: franjas horarias, duración, distancia desde el domicilio de cada uno, medidas personales de protección y distanciamiento…

Es bien visible que algunas personas más desaprensivas salen con bolsas de plástico, directamente con la intención de llevarlas llenas de regreso a casa. Un agricultor que afeó a una pareja por coger cebollas de su campo ha contado cómo le replicaron con total descaro: «Total, por unas míseras cebollas -dijeron-; ni que le hubiéramos quitado toneladas».

Jaime Valls, agricultor de Beniferri y representantes de AVA en el Consell Agrari Municipal de Valencia, explica que «lo peor de todo no es lo que roban, sino el desprecio con el que actúan estas personas, o el desconocimiento que despliegan otras, que dejan que los niños o los perros entren en las huertas y no son conscientes de que eso no se puede hacer, porque los caballones han costado esfuerzo y dinero de hacer, las plantas no han crecido porque sí, y cuando las destrozan, que seguramente lo hacen sin tener clara conciencia de ello, están ocasionando un daño que se traduce en dinero y además en una afrenta moral que no tiene precio, porque, encima, si les llamas la atención, igual te responden con altanería, te ningunean, te insultan y aún te toca callarte para que las cosas no vayan a más, y haces mutis por el foro; pero esto no puede ser así, la huerta no está para esto, ni nosotros estamos para aguantarlo».

Otro agricultor, que prefiere que no se dé a conocer su nombre, lamenta que le han aplanado literalmente el campo recién sembrado de chufas. Mientras estaba terminando la plantación vio cómo por la otra punta le invadían la parcela un grupo de niños con perros y sus padres detrás, al parecer intentando reconducirlos; pero lo que hicieron entre todos ellos fue arrasar los caballones recién hechos y esparcir las chufas acabadas de colgar. Más aún: el agricultor tuvo que advertir a dos chicos que no comieran chufas del saco que tenía dispuesto para ir sembrando, pues estaban tratadas para ello. Pero les daba igual a todos, y todavía remataron cruzando el campo en zig-zag para regresar al camino. Contó que en otros momentos suele haber guardias por allí, pero sólo para supervisar que los agricultores que están trabajando llevan sus papeles en regla.

Fuente: Las Provincias

Las organizaciones agrarias avisan de que las restricciones por el Covid-19 les dejan sin temporeros, y temen por las campañas de frutales y hortalizas.

a lucha contra el Covid-19 está llena de paradojas y, mientras se asiste a una destrucción histórica de empleos y a un alud de ERTE que colapsan las oficinas del SEPE, el jueves pasado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, puso cifra a las necesidades de mano de obra en el campo español: entre 100.000 y 150.000 trabajadores temporales para recoger las cosechas, a pocos días de que se inicien las campañas de la fruta de hueso (cereza, albaricoque, melocotón, etc…). Planas no concretó qué medidas podría adoptar el Ejecutivo, pero estas deberán tener en cuenta la actual alerta sanitaria. Sí, avanzó que tendrán que ser personas próximas a los centros de producción.

En concreto, las demandas son variables y están repartidas por gran pare de la geografía española. Desde organizaciones agrarias como Asaja, han estimado que solo en el Valle del Ebro de cara a la inminente campaña de la fruta harán falta 50.000 trabajadores temporales. También les faltan manos en otras zonas de España como en Extremadura, para la fruta de hueso: el año pasado se emplearon a 40.000 personas entre mayo y septiembre. En el caso concreto del Valle del Jerte y su tempranera cereza, durante los mayores picos de producción se llegan a emplear a 1.200 personas, según la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte. Solo a pie de campo se ocupan a unas 600 personas.

Otros casos similares son los de Alicante y el cultivo del níspero – que se concentra en la comarca de Marina Baixa – que sin la necesaria mano de obra podría quedarse sin recoger el 40% de la cosecha, que desde Asaja prevén que sea «expecional» (hasta 13 millones de kilos) por el suave invierno y las lluvias recogidas. En Alicante, también corre peligro el ajo al necesitarse cuadrillas de más de 200 personas para recogerlo durante mes y medio. Todo ello, en un momento propicio para tomar la delantera a China: el gigante asiático concentra el 83% de la producción mundial aproximadamente, y es nuestro principal competidor aunque por el coronavirus despierta cierta reticencia entre los consumidores.

Sin embargo, esta necesidad de mano de obra no es exclusiva de la agricultura sino que también afecta de lleno a la ganadería. En concreto, volviendo a tierras extremeñas, para el esquilado de cientos de ovejas cada año solían venir unos 400 esquiladores uruguayos que solían permanecer en España entre el 15 de abril al 15 de junio. Este año, a las ovejas podrían crecerles mucho más el pelaje… Desde Asaja y otras organizaciones agrarias ya están buscando solución aunque reconocen «que no todo el mundo vale para realizar esta particular labor»

Por su parte, desde Cooperativas Agroalimentarias, denuncian la situación de zonas como Huelva donde comienza la campaña de la fresa «y nos faltan 9.000 trabajadores», comenta el director de Servicios Técnicos de esta asociación Gabriel Trenzado. Este experto distingue entre tres tipos de trabajadores: el nacional, el europeo y el extracomunitario. En el caso de esta provincia andaluza, existe un convenio con Marruecos para que lleguen 9.000 personas con contrato a recoger el conocido fruto rojo: «Hasta que se cerraron las fronteras, solo pudieron llegar el 40% y esto no es suficiente», estima Trenzado.

Búsqueda de alternativas

Por este motivo, apuesta por estudiar diferentes vías de cara a los próximos cuatro meses: los parados que cobran prestación, los afectados por un ERTE, los sin papeles o los trabajadores transfronterizos, «ya que la Unión Europea permite la libre circulación de mercancías y de este tipo de personas». En su opinión, «igual la Administración tiene que fletar aviones, como en el caso de los EPIs y facilitar la venida de cuadrillas o, por carretera, respetando las medidas de seguridad y la separación social». De lo contrario, augura Trenzado, «varias producciones se podrían quedar en el campo y habría problemas de abastecimiento no grave». Además, de otra merma económica añadida a la complicada coyuntura actual.

El consenso entre las organizaciones agrarias, con matices, es generalizado: Pedro Barato, presidente de Asaja, destaca el «esfuerzo de la cadena alimentaria» durante estos días de confinamiento para mantener el suministro. Por ello, insta a prevenir que se puedan quedar cosechas sin recoger y destaca que «ya se está trabajando con el Ministerio de Trabajo en una solución para el campo» y fija su atención en los parados de larga duración en autonomías como Extremadura y Andalucía para que puedan cobrar el paro y trabajar, sin que se les deba descontar nada.

En una línea similar, se pronuncia el responsable de frutales de COAG en Aragón Oscar Moret quien constata que «la situación es complicada y falta mucha mano de obra». De fondo, por ejemplo, la inminente campaña de recogida de la cereza en el Valle del Bajo Cinca (Huesca) que comenzará el próximo 15 de abril y que se prolonga hasta mediados de junio. Moret constata que «la movilidad de los temporeros de fuera del país o de otras zonas de España es casi imposible: están ahora con sus familias». En este sentido, estima que solo tienen disponible la mitad de la mano de obra que está en suelo nacional «mientras que el otro 50% no lo sabemos».

Desde UPA apuntan que «la falta de mano de obra es un temor a corto plazo, salvo en el caso de los frutos rojos de Huelva». A su juicio, este sector «esta sobrellevando la situación «porque también se está recogiendo menos producto por la caída del consumo». Para esta organización agraria la situación podría agravarse «si las restricciones se alargan y comienzan campañas muy demandantes en mano de obra como la fruta de hueso». Por este motivo, instan al Gobierno a adelantarse a este problema «y facilitar el trasvase de fuerza de trabajo de unos sectores a otros, es algo que puede ser muy positivo». En concreto, añaden fuentes oficiales de UPA, proponen que cualquier trabajador de otro sector «que esté ahora mismo esté en el paro por el estado de alarma» pueda dedicar su tiempo a la agricultura y obtener unos ingresos. Para ello, abre la puerta a cambios normativos. «Toda la mano de obra que se pueda aprovechar que se aproveche», concluyen desde esta organización agraria.

Subvenciones

Esta semana el Ministerio de Trabajo daba luz verde, dentro del Programa de Fomento del Empleo Agrario (parte del antiguo), a unas ayudas superiores a los 236 millones de euros para que ayuntamientos de ocho comunidades autónomas (Andalucía, Extremadura, Aragón, Canarias, Castilla – La Mancha, Castilla y Léon, Comunidad Valenciana y Murcia) contraten a 200.000 trabajadores del campo con motivo de la pandemia, y una vez finalicen sus campañas, para emplearlos en los servicios básicos de estos municipios. Desde Trabajo destacaron que esta medida contribuye «al mantenimiento de la actividad agraria, básica para mantener el abastecimiento, especialmente durante la crisis sanitaria del Covid-19». También apuntaron que ayudará a garantizar la renta agraria y fijar población, así como a la recuperación de estas entidades locales.

En concreto, la mayoría de estos fondos (204,23 millones) se concentrarán en Andalucía y Extremadura.Mientras que las otras seis comunidades recibirán 31,81 millones de euros. Para Pedro Barato, presidente de Asaja, la medida llega a destiempo, «cuando hay trabajo en el campo», y aunque la considera positiva, cree que no es una solución ahora. En su opinión, es «una mejor política económica que se favorezca, en este momento, el trabajo en el campo» e insta a que se dejen estas ayudas, para cuando ya no haya actividad. Precisamente esta organización agraria, pidió esta semana a ayuntamientos de toda Castilla – La Mancha que no se adhieran, «ya que agravarían la situación de los agricultores y ganaderos».

Fuente: ABC