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La Comisión pedirá este martes sin embargo aumentar la ambición y fijar en el 90% la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2040 para lograr la neutralidad a mitad de siglo.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este martes que ante las protestas del campo, el deterioro de la situación y la falta de apoyo tanto en el Parlamento Europeo como en el Consejo (esto es, los gobiernos nacionales) ha decidido retirar la nueva regulación sobre pesticidas propuesta el año pasado. «La conservación de la naturaleza sólo puede tener éxito mediante un enfoque de abajo arriba y basado en incentivos, porque sólo si nuestros agricultores pueden vivir de la tierra invertirán en el futuro. Y sólo si logramos juntos nuestros objetivos climáticos y medioambientales, los agricultores podrán seguir ganándose la vida. Nuestros agricultores lo saben muy bien y deberíamos confiar más en ellos. Déjame darte un ejemplo. La Comisión propuso SUR, con el objetivo de reducir los riesgos de los productos químicos fitosanitarios. Pero la propuesta se ha convertido en un símbolo de polarización, ha sido rechazada por el Parlamento Europeo y tampoco hay avances en el Consejo. Por eso propondré al Colegio que retire esta propuesta», ha dicho en un discurso ante los eurodiputados.
La jugada de Von der Leyen tiene dos ángulos. El primero, de corrección. Por primera vez, una presidenta tan poderosa como reacia a corregirse o admitir errores acepta que su planteamiento llevaba a un callejón sin salida. Está convencida de que es lo correcto, pero tras ver las manifestaciones, escuchar a líderes como Emmanuel Macron, y sobre todo sufrir las enormes presiones de su propia familia política a pocas semanas de las elecciones europeas, la alemana corrige el rumbo. «Una protección eficaz de la naturaleza debe ofrecer incentivos generosos para la intervención. Los agricultores necesitan un argumento comercial que valga la pena para adoptar medidas que mejoren la naturaleza; tal vez no lo hayamos presentado de manera convincente», ha añadido.
La semana pasada, agricultores y propietarios de toda Europa cerraron el barrio europeo de Bruselas mientras los líderes continentales estaban reunidos en un Consejo Europeo. Igual que habían sitiado la semana anterior París. El Partido Popular Europeo lleva un año pidiendo una «pausa regulatoria», que se frene un año o dos la batería legislativa y regulatoria, pero Von der Leyen y los comisarios han hecho lo contrario, acelerando ante el inminente fin de la legislatura.
El mejor ejemplo es el segundo ángulo: hoy mismo el Colegio de Comisarios tiene previsto aprobar una iniciativa para acelerar la descarbonización, haciendo que sea obligatorio llegar a un objetivo del 90% (respecto a los niveles de 1990) en el año 2040. Un paso previo que los especialistas consideran indispensable para que el objetivo final, que es la neutralidad en 2050, sea posible.
LA DECISIÓN, EN MANO DE LOS ESTADOS
La Comisión hará la propuesta, pero son luego los Estados los que tendrían que dar el visto bueno y en un momento enormemente complicado. Los grandes, con Alemania a la cabeza, instaron a Von der Leyen a no plegar velas recientemente, pero la combinación de ambición climática y sensibilidad hacia las protestas de la industria y ahora el campo está resultando muy complicada.
En noviembre, el pleno del Parlamento Europeo rechazó la idea de reducir a la mitad la cantidad de pesticidas, insecticidas, herbicidas que se utilizan en la Unión de aquí a 2030. Ese reglamento de uso sostenible de productos fitosanitarios contaba con el respaldo de la Comisión de Medioambiente de la Cámara, pero en el Pleno la oposición del PPE y los demás grupos conservadores fue suficiente para tumbarla. Entre las capitales tampoco había mucho apetito, y Von der Leyen ha cedido.
El origen está en el verano de 2022, cuando planteaba objetivos legalmente vinculantes a nivel nacional y de la UE para reducir en un 50 % el uso y el riesgo de los plaguicidas químicos y el uso de los plaguicidas más peligrosos para 2030. Según el diseño inicial, los Estados miembros establecerían sus propios objetivos nacionales de reducción dentro de parámetros para garantizar que se alcancen las metas europeas.
Pero tras los reveses en el procedimiento de codecisión, en diciembre de ese mismo año los países pidieron a la Comisión Europea un análisis de impacto adicional porque, sostenían, Von der Leyen no había tenido en cuenta las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania en la agricultura al presentar la propuesta.
En julio de 2023 Bruselas publicó esa evaluación adicional, en la que aseguró que la ley no ponía en riesgo la seguridad alimentaria, incluso si se tienen en cuenta las consecuencias para la agricultura del conflicto bélico en Ucrania. Pero no fue suficiente para convencer a los parlamentarios.
Su tesis es que habrá que volver sobre la cuestión, que no puede mirar para otro lado, pero tendrá que buscar otra vía, mejores argumentos. Y, especialmente, compensaciones. Fuentes de la Comisión explican que en las próximas semanas lo llevarán a la práctica. Una propuesta, incluida la de retirar otra anterior, tiene que pasar por el Colegio de Comisarios, y no está en la agenda de hoy. Habrá algo nuevo, pero sin fechas concretas. Hace 10 días, el equipo de la presidenta anunció un Diálogo Estratégico con el campo y, dicen, por eso mismo tiene sentido escuchar lo que tienen que decir antes de decidir de nuevo.
El Ministerio de Agricultura publica el listado de beneficiarios que recibirán hasta 269 millones de euros.
El Gobierno lanza un paquete de ayudas extraordinario para los agricultores en plena jornada de protestas. Coincidiendo con el inicio de las movilizaciones del campo en España, que aspiran a paralizar las principales carreteras de nuestro país este martes, el Ministerio de Agricultura ha publicado el listado provisional de casi 140.000 beneficiarios que recibirán hasta 269 millones de euros.
Se trata de una ayuda establecida en el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, que beneficia a las personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica, titulares de explotaciones agrícolas que sean elegibles para la percepción de las ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC) en la campaña 2023 y que cuenten en su explotación con tierras de cultivo de secano, excluidos los pastos temporales; con tierras de cultivo de regadío en zonas de cultivo tradicional del arroz; y con una superficie determinada para la ayuda asociada al cultivo de tomate de industria en las últimas campañas.
El departamento que pilota Luis Planas ha publicado la lista de potenciales beneficiarios de estas ayudas este mismo martes, en plena jornada de protestas liderada por tractoristas independientes de las principales asociaciones del sector que están provocando bloqueos en muchos puntos de la red de carreteras nacional. El anuncio, publicado en la web del Ministerio, implica un importe de 268,7 millones de euros para 139.756 titulares de explotaciones agrícolas productores de tierra de cultivo de secano, arroz y tomate de industria, que podrán recibir la ayuda extraordinaria para compensar las dificultades debidas a la sequía y a las consecuencias de la de la guerra en Ucrania.
Planas intentó la pasada semana aplacar las tractoradas convocadas por distintas vías en una reunión con las principales organizaciones profesionales agrarias. En concreto, el pasado viernes se citó con la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). El ministro se comprometió a estudiar sus exigencias, pero no convenció a lo representantes del sector, que mantuvieron el calendario de movilizaciones, que arranca este jueves, día 8 de febrero, ya que las protestas que están teniendo lugar en la jornada de hoy han sido convocadas por profesionales independientes a través de distintas redes sociales.
En cualquier caso, este mismo martes el Gobierno ha hecho pública la concesión de esta ayuda extraordinaria para los afectados por la sequía y los efectos de la guerra en Ucrania. El listado puede consultarse el la web del Ministerio, que matiza que «el número de hectáreas subvencionables para la percepción de estas ayudas ha sido determinado de oficio por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)» y que «la superficie subvencionable de tierras de cultivo de secano corresponde a las hectáreas de tierras, excluidos los pastos temporales, determinadas para la percepción de las ayudas directas correspondientes a la solicitud única de la PAC 2023». Asimismo, «las superficies subvencionables de arroz y de tomate de industria corresponden a aquella en la que no se haya realizado siembra de estos cultivos en 2023».
IMPORTE DE LAS AYUDAS
Los importes unitarios definitivos establecidos por el FEGA, en base al listado provisional de beneficios y superficies publicado en la resolución provisional, alcanzan los valores siguientes: De 39,880605 euros por hectárea subvencionable para las explotaciones que cuenten con la mayor parte de su superficie de tierras de cultivo de secano, excluidos los pastos temporales, declarada en la campaña 2023 en las provincias clasificadas como zona de afectación alta por la sequía.
De 19,940303 euros por hectárea subvencionable, para las explotaciones que cuenten con la mayor parte de su superficie de tierra de cultivo de secano, excluidos los pastos temporales, declarada en la campaña 2023 en las provincias clasificadas como zona de afectación media por la sequía.
ara los productores de arroz, se establece un importe unitario de 186,109491 euros por hectárea subvencionable. Además, para los productores de tomate de industria, se establece un importe unitario de 407,668408 euros por hectárea subvencionable.
En cualquier caso, el Ministerio de Agricultura aclara que «no se conceden ayudas a los beneficiarios cuyo importe total a percibir sea inferior a 200 euros».
Agricultores y ganaderos españoles reclaman un plan de choque que recoja medidas tanto a nivel de UE, como de gobierno de España y de las Comunidades Autónomas
Huelga de agricultores en España. Las protestas que comenzaron en Francia hace un par de semanas y que rápidamente se propagaron al resto de Europa llegan ahora a nuestro país. Las tres principales organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA han elaborado un calendario de movilizaciones tras la reunión que mantuvieron la semana pasada con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
Los agricultores y ganaderos españoles protestan por la crisis del sector y por las políticas agrarias de la Unión Europea. Para empezar, este martes 6 de febrero, cientos de tractores han irrumpido en las carreteras, provocando cortes, retenciones y bloqueos en distintas carreteras. Está previsto que la revuelta de los tractores continúe a lo largo de la jornada e incluso el miércoles en varias zonas del país.
Dicha tractorada no está autorizada ni forma parte del calendario de protestas por las organizaciones más importantes del sector, sino que fue convocada a través de las redes sociales desde plataformas «independientes».
UN PLAN DE COCHE CON «SOLUCIONES INMEDIATAS»
Tal como recogen las organizaciones agrarias, las movilizaciones se están llevando a cabo «para reclamar un ambicioso plan de choque que recoja medidas tanto a nivel de UE, como de gobierno de España y de las Comunidades Autónomas».
A grandes rasgos, buscan «soluciones inmediatas» para aligerar la burocracia europea y mejorar las condiciones en un contexto de precios elevados por la guerra de Ucrania y la sequía. Precios, costes de producción, simplificación y flexibilidad de la PAC o cuestiones laborales y de Seguridad Social son algunos de los temas que están encima de la mesa.
CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL
El sector esgrime la competencia desleal de terceros países, especialmente de Marruecos y países asiáticos, con falta de control fitosanitario incluida. «Los agricultores luchan frente a un mercado desregulado que importa productos agrarios de terceros países a bajo precio que presionan a la baja los de la UE y a los producidos en España».
Como explican desde Actualidad Económica, los agricultores reclaman la paralización de las negociaciones de acuerdos como del MERCOSUR (alianza económica de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay), la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda y que se paralicen las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia.
Además, instan al Gobierno de España, con la supervisión de la Comisión Europea, a aumentar los controles en la frontera con Marruecos «para garantizar que los productos agrícolas marroquíes importados cumplen con las normativas internas de la UE y las cantidades arancelarias establecidas en el acuerdo de libre comercio» al considerar que «es vital recuperar la preferencia comunitaria para recuperar y garantizar nuestra soberanía alimentaria», sostienen.
CAMBIOS EN EL ACTUAL PAC
Otro de los objetivos de las protestas es lograr «la flexibilización y simplificación de la actual PAC«, evitando los excesivos costes para agricultores y ganaderos, que además dificultan «cumplir los objetivos en materia medioambiental».
Por ahora, la Comisión Europea ha propuesto flexibilizar la obligación de dejar el 4% de las tierras en barbecho para recibir las ayudas de la PAC.
LA SEQUÍA
Reclaman que los seguros agrarios dispongan de un «presupuesto reforzado» que puedan cubrir los daños de catástrofes derivadas del cambio climático como la sequía y otros fenómenos meteorológicos adversos.
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE LA CADENA AGROALIMENTARIA
Reivindican la modificación y ampliación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir las prácticas desleales para que los precios de los agricultores cubran los costes de producción.
OBSERVATORIO SOBRE LAS IMPORTACIONES
Piden la creación de un observatorio sobre las importaciones y que se refuerce la batalla en Bruselas para exigir reciprocidad, mediante cláusulas espejo, en todos los productos agrícolas y ganaderos que entren al territorio UE. Al mismo tiempo, confían en que la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) aumente las sanciones y las inspecciones y que se publique los índices de precios y costes.
A todas estas reivindicaciones hay que sumar todas las reclamaciones específicas de las comunidades autónomas, con asuntos como la política de sanidad animal, el fin de la especulación en la compra de tierra por parte de fondos de inversión o la instalación de energías renovables en terrenos agrarios.
Fuente: El Mundo
La política ‘verde’ y de apertura comercial de la UE, debido a la ausencia de reciprocidad con las producciones de países terceros, han abocado al sector citrícola, según el CGC, a la pérdida de competitividad.
Las altas temperaturas, unidas a la escasez de precipitaciones registradas en los últimos meses, han acrecentado uno de los grandes problemas del sector agrícola, al que muchos agricultores ya están haciendo frente mediante la implementación de medidas para fomentar la eficiencia y el autoconsumo.
a sequía podría costarle a España la friolera de 4,6 billones de euros de aquí a 2050, según un reciente estudio elaborado por la Agencia Europea de Calificación Scope Group. De ellos, 1’8 billones provendrían directamente de las pérdidas registradas en el sector agrícola, poniendo de relieve la gran importancia de ayudar a los agricultores y ganaderos a paliar la crisis medioambiental e hídrica a la que se enfrentan, junto con su otro gran problema: el aumento de los precios de la energía.
El mes pasado, el Gobierno hizo públicas las ayudas extraordinarias por sequía para los agricultores con un importe de 357’7 millones de euros. Subvenciones destinadas a implementar soluciones como las llamadas instalaciones agrovoltaicas, que permiten optimizar el uso del terreno y de los recursos, incluido el agua, generando a la vez energía eléctrica.
La empresa Castillo de Canena, dedicada a la producción de aceite de oliva virgen extra, lleva ya tiempo beneficiándose de estos avances, gracias a la instalación de paneles solares colocados estratégicamente encima de balsas de agua, una solución que premite producir energía y, al mismo tiempo, también reducir hasta en un 31% la evaporación la humedad del suelo y la transpiración de agua de cultivos, según datos de la organización Fraunhofer Chile Research. De hecho, tal y como reconoce Francisco Vañó , CEO de la compañía, “gracias a este sistema de un megavatio de planta fotovoltaica flotante nos autoabastecemos y, además, evitamos en un porcentaje muy alto la evaporación, con lo que optimizamos un recurso tan escaso como es el agua”. Dos por uno.
Otro punto esencial a tener en cuenta es mejorar la eficiencia de los recursos hídricos con los que cuentan agricultores y ganaderos. Para ello “la digitalización es una aliada imprescindible, ya que por ejemplo permite a la empresa, en este caso, tener controlado cada uno de los olivos de la explotación, con un riego optimizado, suministrando solamente el agua que necesita cada uno de ellos y mejorando la calidad”, destaca Juan Miguel Negri, experto en financiación y sostenibilidad de BBVA. Desde su posición, ayuda a las empresas a materializar esta y otras medidas sostenibles, como la incorporación de maquinaria más eficiente, “con el objetivo de acompañarlas a un futuro más verde e inclusivo”
EL AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGÍA
El autoabastecimiento energético es una importante apuesta por la sostenibilidad a la que ya se están sumando muchos ganaderos y agricultores. Para Vañó, “esta búsqueda de la autonomía, de la independencia, además de ventajas medioambientales tiene otra ventaja adicional fundamental: no depender de las fluctuaciones del precio de la energía”. Una medida que se traduce no solo en una decisión rentable a medio/largo plazo para las empresas, sino que también se traduce en una mayor seguridad y capacidad de control en un momento donde la inflación ha disparado los costes de producción.
Entre las soluciones más extendidas, en esta línea, está la instalación de las mencionadas placas solares. Una inversión que puede sufragarse también con las ayudas públicas disponibles, además de con financiación privada. De hecho, “la combinación de socio técnico, subvención y financiación es un paquete llave en mano que valoran mucho nuestros clientes a la hora de poder hacer realidad las soluciones que tienen en mente para su empresa”, destaca Negri.
Lo que está claro es que dotar al sector agrícola de las ayudas necesarias para poder implementar las soluciones que les permitan utilizar los recursos de una forma más limpia y eficiente es fundamental. Así, no solo conseguirán hacer frente a las pérdidas irreversibles que la falta de lluvias está ocasionando en el campo, o al creciente precio de la energía impulsado por una inflación en alza, sino que asegurarán un modelo agrícola más sostenible, un modelo para el futuro.
Fuente: El Mundo 01 septiembre 2023
Ailimpo se muestra satisfecha por la decisión de la UE de mantener controles a limones y pomelos turcos.
La Comisión europea ha decidido continuar con los controles adicionales a los limones y pomelos turcos con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa europea en materia de LMR de pesticidas.
- Controles al limón turco: EL 20% de los lotes que se importan en la UE.
- Controles al pomelo turco: EL 10% de los lotes que se importan en la UE.
