Agricultores y ganaderos españoles reclaman un plan de choque que recoja medidas tanto a nivel de UE, como de gobierno de España y de las Comunidades Autónomas
Huelga de agricultores en España. Las protestas que comenzaron en Francia hace un par de semanas y que rápidamente se propagaron al resto de Europa llegan ahora a nuestro país. Las tres principales organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA han elaborado un calendario de movilizaciones tras la reunión que mantuvieron la semana pasada con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
Los agricultores y ganaderos españoles protestan por la crisis del sector y por las políticas agrarias de la Unión Europea. Para empezar, este martes 6 de febrero, cientos de tractores han irrumpido en las carreteras, provocando cortes, retenciones y bloqueos en distintas carreteras. Está previsto que la revuelta de los tractores continúe a lo largo de la jornada e incluso el miércoles en varias zonas del país.
Dicha tractorada no está autorizada ni forma parte del calendario de protestas por las organizaciones más importantes del sector, sino que fue convocada a través de las redes sociales desde plataformas «independientes».
Tal como recogen las organizaciones agrarias, las movilizaciones se están llevando a cabo «para reclamar un ambicioso plan de choque que recoja medidas tanto a nivel de UE, como de gobierno de España y de las Comunidades Autónomas».
A grandes rasgos, buscan «soluciones inmediatas» para aligerar la burocracia europea y mejorar las condiciones en un contexto de precios elevados por la guerra de Ucrania y la sequía. Precios, costes de producción, simplificación y flexibilidad de la PAC o cuestiones laborales y de Seguridad Social son algunos de los temas que están encima de la mesa.
El sector esgrime la competencia desleal de terceros países, especialmente de Marruecos y países asiáticos, con falta de control fitosanitario incluida. «Los agricultores luchan frente a un mercado desregulado que importa productos agrarios de terceros países a bajo precio que presionan a la baja los de la UE y a los producidos en España».
Como explican desde Actualidad Económica, los agricultores reclaman la paralización de las negociaciones de acuerdos como del MERCOSUR (alianza económica de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay), la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda y que se paralicen las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia.
Además, instan al Gobierno de España, con la supervisión de la Comisión Europea, a aumentar los controles en la frontera con Marruecos «para garantizar que los productos agrícolas marroquíes importados cumplen con las normativas internas de la UE y las cantidades arancelarias establecidas en el acuerdo de libre comercio» al considerar que «es vital recuperar la preferencia comunitaria para recuperar y garantizar nuestra soberanía alimentaria», sostienen.
Otro de los objetivos de las protestas es lograr «la flexibilización y simplificación de la actual PAC«, evitando los excesivos costes para agricultores y ganaderos, que además dificultan «cumplir los objetivos en materia medioambiental».
Por ahora, la Comisión Europea ha propuesto flexibilizar la obligación de dejar el 4% de las tierras en barbecho para recibir las ayudas de la PAC.
Reclaman que los seguros agrarios dispongan de un «presupuesto reforzado» que puedan cubrir los daños de catástrofes derivadas del cambio climático como la sequía y otros fenómenos meteorológicos adversos.
Reivindican la modificación y ampliación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir las prácticas desleales para que los precios de los agricultores cubran los costes de producción.
Piden la creación de un observatorio sobre las importaciones y que se refuerce la batalla en Bruselas para exigir reciprocidad, mediante cláusulas espejo, en todos los productos agrícolas y ganaderos que entren al territorio UE. Al mismo tiempo, confían en que la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) aumente las sanciones y las inspecciones y que se publique los índices de precios y costes.
A todas estas reivindicaciones hay que sumar todas las reclamaciones específicas de las comunidades autónomas, con asuntos como la política de sanidad animal, el fin de la especulación en la compra de tierra por parte de fondos de inversión o la instalación de energías renovables en terrenos agrarios.
Fuente: El Mundo