La Administración endurece el control sobre la utilización de productos fitosanitarios

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13 abril, 2021

La Administración endurece el control sobre la utilización de productos fitosanitarios

La adquisición de cualquier plaguicida quedará registrada de forma electrónica y se prohíbe la venta por internet, salvo para uso no profesional.

Valencia. El martes de la semana pasada, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que endurece las condiciones de comercialización y uso de los productos fitosanitarios y que, en la práctica, va a suponer un nuevo ‘apretón de tuercas’ para las pautas que fueron habituales entre los agricultores.

Las nuevas medidas aprobadas, que al parecer se aplicarán con rigurosidad a partir de junio, supondrán reglas más estrictas en cuanto a la venta y almacenamiento de insecticidas, fungicidas, herbicidas y demás, así como también en cuanto a la importación y exportación, a los controles oficiales y a las autorizaciones para ensayos con sustancias plaguicidas.

La normativa modifica el Real Decreto que ya estableció en septiembre de 2012 el marco de actuación para un uso sostenible de los productos fitosanitarios y en su preparación han intervenido tres ministerios: los de Agricultura, Sanidad y Transición Ecológica.

Como a menudo se señala en este tipo de cuestiones, en general se trata de trasponer a la legislación española disposiciones de ámbito europeo, pero en este caso se va más allá y, según señala el Gobierno, se introducen «disposiciones pioneras en el ámbito de la Unión Europea», según nota oficial del Ministerio de Agricultura.

Entre dichas normas «pioneras» figuran «directrices para controlar el comercio ilegal vinculado a los intercambios internacionales; prohibir el comercio electrónico de productos fitosanitarios (salvo los de uso no profesional); e impulsar el uso obligado de un registro electrónico de transacciones y operaciones», en este último caso a través de una aplicación informática centralizada en el propio ministerio, lo que permitirá «realizar la trazabilidad completa de la cadena de suministro».

¿Qué representa todo ello en la práctica? Pues que cuando un agricultor adquiera un plaguicida concreto (por supuesto, para poderlo comprar ha de contar con el carnet de manipulador de plaguicidas que le autorice), quedará inmediatamente registrado de forma electrónica. Por tanto no podrá comprar ningún producto que no esté autorizado para los cultivos que tenga, y la Administración ya conoce los cultivos de la gran mayoría por su declaración anual de la PAC o porque, en su defecto, se ha de solicitar la inclusión en el Regepa (Registro General de Productores Agrarios). Y teniendo unas cosas y otras es sencillísimo cruzar datos informáticos.

Por otro lado se incide en los medios de almacenamiento. Tanto en los comercios del sector (que en muchos casos han tenido que hacer reformas y ampliaciones) como por parte de los agricultores, que deben contar para ello con espacios debidamente cerrados, aislados y controlados.

Hay, no obstante, un aspecto muy curioso del decreto en cuanto a la comercialización. Dice que se prohíbe la compra-venta de plaguicidas por internet, «salvo los de uso no profesional», lo que puede llevar a equívocos. Por ‘no profesional’ no cabe entender, la mayoría de las veces, inocuidad, benevolencia, intensidad reducida o algo semejante. Lo habitual es que se trate de envases mucho más pequeños de tal producto, pero con la misma composición que en los envases ‘profesionales’, y desde luego a precios muy superiores. Pero nada impide que alguien compre muchas dosis pequeñas ‘no profesionales’ por internet. Lo que ya ocurre a menudo en tiendas: alguien va a comprar un litro de tal producto que vale, por ejemplo, diez euros; no se lo venden porque no es agricultor y no tiene carnet, pero le ofrecen cuatro botellitas de a cuarto (que suman un litro) y le cobran treinta euros, por ejemplo. ¿Qué ha cambiado, salvo el precio?

El Gobierno recuerda que el uso de los plaguicidas entraña riesgos para personas, animales, plantas y el medio ambiente en general, y de ahí «la necesidad de regular de una manera estricta su uso».

Fuente: Las Provincias